Luengo asegura en Madrid el desbloqueo de los parques eólicos

martes, 20 de enero de 2015

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ultima los trámites necesarios para la instalación de los parques eólicos del concurso de 2007 en las Islas. La intención de la responsable canaria de Industria es atar los últimos cabos en una reunión que mantendrá mañana en el Ministerio de Industria y Energía. La consejera, que estará acompañada por la directora general de Industria y Energía, María Antonia Moreno, repasará con el Secretario de Estado de Energía, Enrique Hernández Bento, y el responsable de Red Eléctrica de España, José Folgado, el calendario fijado en la última reunión para la construcción de las subestaciones de los parques eólicos. Estas infraestructuras son necesarias para que las instalaciones eólicas puedan verter la energía generada en ellas a la red.

Por otro lado, en el encuentro se repasarán las instalaciones que tendrán declaración de actuaciones de interés general por parte del Ejecutivo autonómico. Se trata de aquellas que ya cuentan con declaración de impacto ambiental favorable para asegurarse de que "no haya ni un solo obstáculo en la implantación de los parques".

Luengo explica que "ya nos habíamos reunido antes de Navidad para ver los detalles que aún faltaban para la puesta en marcha de los parques". "Una vez conseguida la prima, aprobadas en la planificación las subestaciones necesarias y corregido el calendario para que éstas se construyan a tiempo" de permitir que la energía producida en los molinos se pueda evacuar a la red, "y con los bombeos incluidos en las obras necesarias para ello, podemos afirmar que las Islas entran en un nuevo modelo energético que permite la consolidación de las renovables", indicó la consejera.

Precisamente, la apuesta por las renovables es una de las que más ha sonado en las últimas 48 horas en las Islas tras conocerse que la petrolera Repsol se marcha del Archipiélago al no encontrar crudo ni gas en cantidad suficiente como para hacer rentable la explotación de los pozos. Una vez conjurada la que muchos veían como amenaza del piche ha llegado el momento de volver a poner de moda el debate sobre la rentabilidad de la energía limpia.

En todo caso, la energía eólica canaria tiene este año por delante una auténtica contrarreloj. El 31 de diciembre acaba el plazo para acceder al cupo de 450 megawatios de potencia que dan derecho a una retribución de 84 euros por megawatio hora de electricidad generado, después de la ampliación del plazo para acogerse a este régimen retributivo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció el día 22 de diciembre.

Para poder registrarse, los proyectos tendrán que contar con una autorización administrativa cuyo primer capítulo se escribe en la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias en forma de declaración de impacto ambiental (DIA). Solo 17 de los 39 parques adjudicados han logrado cubrir ese trámite desde que se produjo el fallo del concurso, hace más de cinco años y medio.

El departamento medioambiental del Ejecutivo autonómico habrá de acelerar en 2015 para que salgan adelante otros 22 de estos proyectos que abaratan en dos tercios el coste del sistema eléctrico canario y reducen a cero las emisiones de gases nocivos a la atmósfera. La segunda, razón suficiente para, dentro de un orden, captar todo su interés.

Con estos datos en la mano, "parece obvio que un plazo de tan solo doce meses es insuficiente para garantizar que todos los parques eólicos pendientes de aprobación puedan llegar a tiempo para cumplir con el trámite", explicó el presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico, Claudio Palmés. Los inversores no se fían de que vaya a producirse una apuesta decidida por aligerar los trámites.

Tal es así que, desde prácticamente el mismo momento en que José Manuel Soria decidió trasladar la fecha límite al 31 de diciembre de 2015 en el penúltimo Consejo de Ministros del año pasado, los promotores solicitaron que "no sea preceptiva la obtención de la autorización administrativa". Es decir, los empresarios quieren que el objetivo de incrementar el peso de la eólica en el mix energético canario quede a salvo de la lentitud de la burocracia.

"Es de locos que Endesa haya conseguido tramitar en Medio Ambiente proyectos de grupos de generación a base de fuel, por poner un ejemplo muy gráfico, en un plazo muy inferior al que actualmente soportan los parques eólicos", señaló Palmés, para quien esta situación "solo beneficia al que contamina" y atribuye la responsabilidad de ello al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

Del mismo modo, los adjudicatarios de potencia eólica hicieron llegar al ministro su deseo de que se les "exima de depositar una nueva garantía", según afirmó el presidente de la asociación. Los promotores de los parques ya depositaron un aval de 50.000 euros por megawatio ante la Administración regional para acceder a su estatus de adjudicatarios. Ahora, Madrid les exige la misma cantidad para formalizar su entrada en el cupo. El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, ya explicó hace semanas que la aprobación de un régimen retributivo específico conlleva el depósito de un aval por parte del sector privado que pretenda tener acceso a él.

En opinión de Claudio Palmés, eliminar el desembolso y la necesidad de contar con autorización administrativa "garantizaría que todos los parques se inscriban en el cupo" y demostraría que Madrid "apuesta claramente por un nuevo modelo energético en Canarias apoyando a las renovables". Además, a juicio del presidente de la Asociación de Adjudicatarios, si sus peticiones son atendidas, "toda la presión" para impulsar las energías renovables en las Islas recaería en el Gobierno de Canarias y, de forma especial, en la Consejería de Sostenibilidad.
"¿El ministerio quiere que se instalen todos los parques del concurso y que se genere un ahorro a los contribuyentes de un millón de euros cada tres días, sí o no?", se preguntó Palmés. ante la "limitación del ahorro" que supone imponer "fechas tan ajustadas".

Eliminar esos trámites "proporcionaría una mínima seguridad jurídica", argumentó el presidente de los adjudicatarios, lo que permitiría negociar la financiación con los bancos.

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